De la privatización y la descentralización y sus efectos sobre el tamaño del sector público

Estos días están saltando a los medios de comunicación algunas propuestas del Partido Popular para mejorar la situación financiera de las Administraciones Públicas. El origen de estas propuestas está en el elevado déficit (y aumento del stock de deuda viva) de las Administraciones Públicas que existe en la actualidad, como consecuencia del desplome de los ingresos públicos debido a la crisis económica.
Según la información que aparece en el diario El País (http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/quiere/reordenar/Estado/privatizar/servicios/sociales/elpepuesp/20101102elpepinac_2/Tes ), el programa electoral del PP propondrá racionalizar el gasto público, evitando duplicidades –porque algunos servicios son prestados por más de una Administración Pública- y privatizando la gestión –que no la provisión- de algunos servicios como la sanidad y la educación, el transporte ferroviario y los aeropuertos. Además, también se propone descentralizar a los gobiernos municipales el suministro de los servicios sociales. Aunque la información del artículo daría para escribir unas cuantas entradas en este blog, voy a tratar de sintetizar los argumentos más importantes que me vienen a la mente tras su lectura.
La propuesta de evitar duplicidades en el suministro de servicios públicos es ya antigua. La idea es que, tras un intenso proceso de descentralización de competencias a los gobiernos autonómicos (y, a veces, a los locales), la Administración Central no ha adelgazado de manera proporcional, de manera que un mismo servicio puede ser suministrado por varios niveles de gobierno al mismo tiempo. Y esto, claro, puede ser ineficiente. Pero esto no es necesariamente así, porque hay algunas políticas públicas locales y autonómicas que lo que hacen es profundizar –o a veces compensar- los efectos de las políticas centrales, bajo el supuesto de que diversificar la cantidad y calidad de los servicios públicos suministrados a los ciudadanos (respondiendo a necesidades y preferencias diversas) es la ventaja fundamental de la descentralización. En cualquier caso, el solapamiento y la duplicidad de prestaciones públicas no es, a mi juicio, un problema importante del sector público español. Los traspasos de competencias a las comunidades autónomas han sido bastante ordenados y, con carácter general, se puede decir que no han generado tensiones importantes sobre el gasto público. Si se quiere reducir el gasto público, por esta vía hay pocos avances posibles, con independencia de que las mejoras en la gestión de los recursos públicos sean siempre bienvenidos.
Tampoco es nueva la propuesta de reducir el gasto mediante la privatización de la gestión de los servicios públicos. En todo caso, hay que recordar que las propuestas que ahora nos ocupan giran, en la mayoría de las ocasiones, en torno a la idea de privatizar el suministro, manteniendo la provisión (financiación + regulación) pública. Por lo tanto, de lo que se trata es de ver si realmente la producción pública de servicios es más ineficiente (más costosa) que su producción privada. En principio, parece que hay argumentos económicos importantes para defender una respuesta pública a ciertas necesidades colectivas. Entre ellas, destacan las necesidades sociales de educación y atención sanitaria. En ambos casos, el mercado tiene algunos fallos (información incompleta, externalidades, etc.) que impiden que la libre interacción de los agentes económicos genere resultados eficientes. Pero también es cierto que, con la producción pública, la excesiva burocratización redunda, en ocasiones, en una menor innovación y flexibilidad a la hora de suministrar los servicios y, por lo tanto, en pérdidas potenciales de eficiencia.
Sin embargo, antes de hacer experimentos que no siempre permiten una marcha atrás, busquemos a nuestro alrededor para ver si las “recetas mágicas” han funcionado en otros países. Durante los años 80 y parte de los 90, algunos países como el Reino Unido acometieron profundas reformas del sector público, privatizando una buena parte de los servicios, e introduciendo fórmulas de “cuasi-mercado” –tratando de emular el sistema de incentivos del mercado- en la gestión de otros. Después de más de dos décadas, el gran esfuerzo privatizador tuvo como resultado una disminución realmente modesta del gasto público, acarreando sin embargo notables pérdidas en la calidad de los servicios y en la satisfacción de los usuarios (a este respecto, recomiendo la película “La Cuadrilla”, de Ken Loach, sobre los efectos de la privatización del ferrocarril).
Otro dato: en Estados Unidos no existe, como es sabido, una cobertura sanitaria pública universal, sino que sólo los mayores de 65 años y algunas personas pobres están cubiertas por el sistema sanitario público, mientras que el resto de la población puede optar por asegurarse en el mercado. Como consecuencia de esto, varias decenas de millones de ciudadanos carecen de cobertura sanitaria. Sorprendentemente, EEUU es el país que destina un porcentaje superior de su Producto Interior Bruto a servicios sanitarios, y sin embargo, el estado de salud (morbilidad, esperanza de vida, etc.) de sus ciudadanos se encuentra lejos de estar en los primeros puestos de la lista. ¿Podemos decir entonces que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública? Creo que la respuesta ha de ser rotundamente no. Gastan más y su estado de salud es peor: mayores costes y peores resultados. Claro, se podría decir que el peor estado de salud es una consecuencia de los peores hábitos –en particular, los alimenticios- de la población norteamericana en comparación con otros países desarrollados y no de la estructura de su sistema sanitario. También podemos argumentar que las cifras de gasto sanitario esconden algunas partidas que no redundan en un mejor estado de salud –cirugía estética, por ejemplo-. Pero en cualquier caso nos evidencian que no siempre es importante cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Indudablemente, el sector público español tiene que mejorar la gestión de los recursos públicos, siendo menos burocrático (¿es esto posible?) y más ágil, para poder adaptarse más rápido a los cambios de necesidades de los ciudadanos. Pero asumir que un mero cambio de manos va a reducir significativamente el gasto me parece de un simplismo que asusta.
De cualquier modo, no dejo de sorprenderme por que nos rasguemos las vestiduras cuando nos hablan de gestión privada de la sanidad y la educación públicas, cuando el sistema educativo español ya está basado en una oferta privada –financiada con fondos públicos- a través del sistema de conciertos, y algunas comunidades autónomas llevan al menos una década “externalizando” (es decir, privatizando) una buena parte de los servicios asociados a la cobertura sanitaria. Aunque lo verdaderamente sorprendente es que los grandes partidos políticos construyan sus programas electorales a partir de propuestas relacionadas con la gestión de servicios públicos que NO son de su competencia. Termino este blog recordándoos a todos que el suministro de los servicios de educación y sanidad está en manos de los gobiernos autonómicos y son ellos, por lo tanto, los que deben decidir si la gestión debe ser pública o privada. Con respecto a esta cuestión, el gobierno central tiene muy poco que decir y, en todo caso, sólo puede sugerir las reformas y tratar de acordarlas con los gobiernos autonómicos. Así que una reducción sustancial del gasto público por esta vía parece poco probable, oiga.